PARTIDO VERDE PROPONE APOYO DE LA GUARDIA NACIONAL PARA COMBATIR TALA ILEGAL EN MICHOACÁN

La tala clandestina continúa encendiendo las alertas en Michoacán. Tras el reciente aseguramiento de cerca de 400 rollos de madera de procedencia ilícita en Morelia, el Partido Verde Ecologista de México planteó reforzar la participación de la Guardia Nacional en operativos relacionados con la protección de los bosques y el combate a los grupos que explotan ilegalmente los recursos forestales.

El decomiso ocurrió después de que elementos de la Guardia Civil y de la Fiscalía estatal interceptaran cinco camiones que transportaban la madera. El caso se suma a otros episodios registrados en la entidad, entre ellos la detección, el pasado 8 de junio, del derribo ilegal de mil 70 árboles de especies como pino, encino y cedro blanco, denunciado por comunidades indígenas y autoridades.

Ante este escenario, el Partido Verde destacó una reforma que promovió a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, mediante la cual las autoridades ambientales pueden solicitar respaldo de la Guardia Nacional cuando una diligencia de inspección sea obstaculizada.

La modificación permite formalmente que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como autoridades estatales y municipales, soliciten apoyo directo e inmediato de la corporación de seguridad para desarrollar inspecciones en zonas donde exista resistencia o riesgo para el personal encargado de verificar posibles delitos ambientales.

El planteamiento parte de una realidad cada vez más compleja: combatir la tala clandestina ya no representa únicamente un problema de vigilancia ambiental. En determinadas regiones, las inspecciones pueden desarrollarse en territorios donde existen estructuras delictivas capaces de impedir las actuaciones de las autoridades, por lo que los inspectores requieren condiciones de seguridad para realizar su trabajo.

El Partido Verde considera que la participación de la Guardia Nacional puede fortalecer la capacidad de reacción del Estado y evitar que operativos ambientales sean detenidos mediante amenazas, bloqueos u otras acciones de grupos dedicados a la extracción ilegal de recursos naturales.

La propuesta cobra especial relevancia en Michoacán, donde la riqueza forestal convive desde hace años con problemas de tala clandestina y explotación irregular de los bosques. Los recientes aseguramientos muestran además la dimensión logística que pueden alcanzar estas operaciones: movilizar cientos de rollos de madera mediante varios vehículos requiere una cadena que va desde la extracción hasta el transporte y eventual comercialización.

La participación de fuerzas federales, sin embargo, no sustituiría las responsabilidades de las instituciones ambientales. La intención de la reforma es que la Guardia Nacional funcione como respaldo de seguridad cuando las autoridades competentes encuentren obstáculos para realizar inspecciones y diligencias.

Para el Partido Verde, fortalecer esta coordinación permitiría reducir los espacios de impunidad y proteger tanto a los inspectores como a las comunidades que denuncian la explotación clandestina de sus recursos.

El reto va mucho más allá de decomisar cargamentos una vez que los árboles fueron derribados. La discusión ahora está en impedir que la tala ocurra, perseguir las redes responsables y garantizar que las autoridades ambientales puedan ingresar y actuar en aquellas regiones donde la delincuencia ha convertido los bosques en un negocio ilegal.