Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional prometió durante su relanzamiento abrir sus candidaturas a perfiles provenientes de la sociedad civil y dejar atrás las designaciones construidas exclusivamente desde las estructuras partidistas; sin embargo, las primeras definiciones rumbo a las elecciones de 2027 muestran hasta ahora un escenario predominantemente político. De los nueve perfiles que el PAN ha designado como coordinadores estatales o mencionado públicamente entre sus opciones más competitivas para gubernaturas, ocho ocupan actualmente cargos públicos o cuentan con una trayectoria política consolidada y solamente una figura procede directamente del sector empresarial, de acuerdo con un recuento publicado por Excélsior. El contraste resulta relevante porque el dirigente nacional Jorge Romero había asegurado que la competencia sería abierta, sin “corcholatas predeterminadas”, y que cualquier ciudadano identificado con los principios del partido podría inscribirse y competir.
Hasta el momento, Acción Nacional ha formalizado cinco coordinaciones de la denominada Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, una figura creada para encabezar los trabajos políticos y territoriales del partido rumbo a 2027, aunque jurídicamente todavía no representa una candidatura registrada. Los nombramientos incluyen al alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, en Michoacán; al presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, en esa entidad; al alcalde de Zacatecas, Miguel Ángel Varela; al diputado federal y exalcalde de Comondú Francisco Pelayo, en Baja California Sur; y a la diputada local Miriam Martínez Sánchez, en Tlaxcala. La propia dirigencia nacional ha explicado que estos coordinadores tendrán como responsabilidad fortalecer la organización, construir unidad y posicionar al PAN territorialmente antes del proceso electoral.
A estas cinco designaciones se suman otros perfiles que Jorge Romero ha mencionado como opciones competitivas: Antonio Astiazarán, presidente municipal de Hermosillo, para Sonora; Enrique Galindo, alcalde de San Luis Potosí, para esa gubernatura, y Adrián de la Garza, presidente municipal de Monterrey y militante priista, como una alternativa para Nuevo León. En Baja California ha comenzado a mencionarse a Verónica Ruffo Sánchez, empresaria e hija del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, quien aparece hasta ahora como el principal ejemplo de un perfil directamente procedente de la sociedad civil dentro de este primer bloque. Ruffo todavía no ha sido designada formalmente y ha señalado que analizará si existen condiciones para participar mediante una eventual coalición de partidos.
El contraste con el discurso de apertura ciudadana se remonta al relanzamiento del PAN y a la convocatoria presentada en marzo de este año, cuando Romero anunció una aplicación mediante la cual cualquier ciudadano podría registrarse para participar en el proceso. “Aquí no habrá corcholatas predeterminadas; aquí quien gane, gana”, prometió entonces el dirigente. El partido también ha defendido que su nuevo modelo terminaría con cuotas internas y que las candidaturas recaerían en quienes tengan respaldo ciudadano y competitividad electoral. Sin embargo, seis meses después, los primeros nombres seleccionados corresponden principalmente a alcaldes, legisladores y figuras con experiencia partidista, lo que abre la discusión sobre hasta qué punto la estrategia de 2027 representará realmente una renovación de perfiles o una reorganización de los liderazgos políticos ya existentes.
La discusión se amplía además por el regreso de las alianzas electorales al centro de la estrategia opositora. Astiazarán, Galindo y De la Garza han hablado de construir candidaturas respaldadas por diferentes partidos, incluidos PAN y PRI, mientras la dirigencia blanquiazul ha mostrado disposición para valorar esas fórmulas cuando considere que aumentan su competitividad frente a Morena y sus aliados. Esto no significa que el proceso esté concluido ni que los coordinadores sean automáticamente candidatos: las postulaciones definitivas todavía deberán someterse a las reglas internas, los convenios de coalición que eventualmente se aprueben y los registros ante las autoridades electorales. Pero el primer mapa del PAN rumbo a 2027 sí deja una contradicción política visible entre la promesa de colocar a ciudadanos en el centro de la renovación y unas primeras definiciones en las que predominan, por ahora, quienes ya forman parte activa de la clase política.