🧾 Sentencian a dos exfuncionarios en Querétaro por desvío millonario, pero amparos frenan la justicia

El combate a la corrupción en Querétaro se enfrenta a sus propios límites. Aunque ya existe una sentencia firme por desvío de recursos públicos, la aplicación de la sanción ha quedado en pausa debido a recursos de amparo interpuestos por los implicados, lo que ha generado preocupación entre autoridades y organismos de fiscalización.

El caso se originó durante la administración municipal de Luis Bernardo Nava Guerrero, cuando dos exservidores públicos fueron señalados por irregularidades en la asignación de becas estudiantiles y apoyos emergentes durante la pandemia de COVID-19. Según el Órgano Interno de Control (OIC), los implicados desviaron un total de 16 millones 160 mil pesos, distribuidos en 12.8 millones de pesos destinados a becas y 3.3 millones correspondientes a apoyos económicos para ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

La investigación interna concluyó con una resolución del Tribunal de Responsabilidades Administrativas del Estado, que dictó una sanción ejemplar: 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y la obligación de resarcir la totalidad del daño al erario municipal.

No obstante, la ejecución de dicha sentencia quedó en suspenso. Uno de los exfuncionarios promovió un juicio de amparo, lo que generó automáticamente una suspensión provisional que impide al Tribunal hacer efectiva la resolución mientras el recurso se encuentra en análisis.

En entrevista con medios locales, Gabriela Jiménez, titular del Órgano Interno de Control, confirmó que el proceso está en pausa:

“El expediente está reservado por el Tribunal. No tenemos acceso ni conocimiento de los criterios jurídicos que usaron para dictar la resolución completa”.

Además, Jiménez explicó que el OIC no puede acceder al expediente completo, ya que los documentos permanecen bajo resguardo judicial, situación que limita la capacidad de fiscalización, seguimiento y transparencia institucional.

En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Querétaro mantiene una investigación penal independiente contra tres exfuncionarios involucrados en los mismos programas. Sin embargo, este procedimiento penal también se encuentra parcialmente detenido debido a los amparos promovidos por los acusados.

Las autoridades locales han señalado que, aunque la sentencia del tribunal es un avance importante en materia de combate a la corrupción, la efectividad del castigo y la recuperación del dinero público dependerá del desenlace de los juicios de amparo.

El caso expone las limitaciones estructurales del sistema de justicia administrativa en México: aun con pruebas contundentes y sanciones determinadas, los procesos pueden extenderse por meses o incluso años, mientras los recursos legales retrasan —o impiden— la rendición de cuentas.