Extorsiones encarecen hasta 20% el precio de alimentos, alerta el Consejo Nacional Agropecuario

El impacto de la inseguridad en el campo mexicano dejó de ser una alarma sectorial para convertirse en un factor directo de encarecimiento de la canasta alimentaria. El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) expuso que, a partir de reportes de sus agremiados en diversas regiones, las extorsiones, amenazas y agresiones contra productores, empacadores y transportistas se traducen ya en un sobrecosto que va del 10% al 20% en distintos alimentos. Ese diferencial —atribuido a “pagos de piso”, escoltas privadas, rutas más largas para evitar retenes ilegales y pérdidas por robos— termina incorporándose al precio final que paga el consumidor.

La advertencia llega en un contexto de creciente violencia contra el sector agroalimentario. En Michoacán, por ejemplo, el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán —quien había denunciado públicamente las extorsiones— evidenció el grado de vulnerabilidad de los productores que se resisten a la coacción criminal. Autoridades estatales investigan el caso como homicidio y han reportado detenciones vinculadas al crimen, mientras organizaciones del sector reclaman protección efectiva para evitar nuevos ataques.

De acuerdo con el CNA, la presión delictiva no sólo reduce márgenes y paraliza inversiones, también amenaza la continuidad operativa de unidades productivas, encarece el aseguramiento y restringe la logística: hay huertas y ranchos que limitan cosechas por falta de garantías, camiones que cambian trayectos —con mayor gasto en combustible y peajes— y centros de acopio que operan con horarios recortados para disminuir riesgos. Ese cúmulo de costos extraordinarios se traslada a la cadena y, finalmente, a la mesa de las familias mexicanas.

El CNA insistió en que proteger la vida y el trabajo de quienes producen los alimentos es condición mínima para garantizar el derecho a la alimentación y la estabilidad de precios. Por ello, pidió a los tres órdenes de gobierno coordinar una respuesta integral que incluya presencia territorial, inteligencia financiera para desarticular redes de cobro de piso, y rutas seguras de transporte. Medios nacionales han recogido el mismo diagnóstico: las extorsiones ya pesan “hasta 20%” del costo en ciertos productos, una cifra que no es marginal en un entorno donde los hogares resienten cualquier alza en básicos.

En paralelo, especialistas y organizaciones del ramo advierten que la continuidad de este fenómeno podría comprometer la seguridad alimentaria al desalentar la siembra y cosecha de cultivos sensibles, además de alterar patrones de abastecimiento regional. La presión criminal en corredores agrícolas —como Tierra Caliente en Michoacán y zonas productoras de alto valor agregado— repercute en decisiones de producción, empleo rural y estabilidad de precios al consumidor. La propia prensa de referencia ha consignado el llamado del CNA y su vínculo con hechos de violencia recientes, subrayando la urgencia de una política pública que devuelva certidumbre al campo.

Ante este escenario, el organismo cúpula del agro reiteró su disposición a colaborar con autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer la prevención, la denuncia y la judicialización de casos de extorsión, así como para trazar corredores logísticos seguros. El objetivo, enfatiza, es cortar el círculo vicioso en el que la criminalidad encarece los alimentos, erosiona la competitividad del sector y, en último término, golpea el poder de compra de los hogares.