EXDIRECTOR DE LA DEA PIDE A GARCÍA HARFUCH DETENER Y ENTREGAR A ROCHA MOYA A ESTADOS UNIDOS

Ciudad de México, 22 de agosto de 2026.– Derek Maltz, exdirector interino de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), pidió públicamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detener a Rubén Rocha Moya y entregarlo a las autoridades estadounidenses.

El exfuncionario estadounidense realizó el pronunciamiento a través de su cuenta en X, en un mensaje dirigido directamente al responsable de la seguridad federal mexicana.

“¡Rubén Rocha debe rendir cuentas por sus acciones!”, escribió Maltz.

En su publicación, el exdirector interino de la DEA sostuvo que los políticos que colaboran con organizaciones criminales deben enfrentar consecuencias y pidió a García Harfuch realizar “otra operación de alto nivel de detención y remoción hacia USA”.

El mensaje representa un nuevo episodio de presión pública alrededor del gobernador de Sinaloa, aunque jurídicamente debe hacerse una precisión: Maltz es actualmente un exfuncionario y su pronunciamiento no constituye por sí mismo una orden de detención, una solicitud de extradición ni una instrucción oficial del gobierno estadounidense.

Su postura adquiere relevancia por el momento político en el que ocurre.

Rocha Moya regresó apenas el viernes 21 de agosto a la gubernatura de Sinaloa, después de permanecer 112 días separado de sus funciones mientras se desarrollaban investigaciones derivadas de acusaciones provenientes de Estados Unidos.

El mandatario había asegurado que retomaba el gobierno “con la frente limpia y en alto” y manifestó su intención de concluir el periodo constitucional para el que fue electo.

Sin embargo, su reincorporación duró apenas unas horas.

Este sábado, Rocha presentó ante el Congreso de Sinaloa una nueva solicitud de licencia temporal con carácter indefinido y por un periodo superior a 30 días.

“Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”, escribió al anunciar su decisión.

La nueva separación se produjo después de una jornada de fuertes reacciones políticas alrededor de su regreso y en medio de cuestionamientos sobre las investigaciones que continúan abiertas.

El caso de Rocha tiene su origen en los señalamientos formulados desde Estados Unidos a finales de abril.

De acuerdo con la información que se hizo pública entonces, autoridades estadounidenses vincularon al mandatario y a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses con una presunta conspiración relacionada con integrantes del Cártel de Sinaloa.

Rocha ha negado reiteradamente cualquier relación con organizaciones criminales y ha calificado las acusaciones en su contra como falsas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó en su momento la recepción de solicitudes estadounidenses de detención provisional con fines de extradición.

Sin embargo, las autoridades mexicanas consideraron que la información proporcionada inicialmente no contenía elementos probatorios suficientes para proceder contra el gobernador.

La Fiscalía General de la República también sostuvo posteriormente que no contaba con pruebas suficientes para justificar su captura y señaló que solicitaría información adicional a Estados Unidos.

Esa situación no equivale jurídicamente a una sentencia absolutoria. Hasta ahora, no existe un juicio en México en el que Rocha Moya haya sido declarado culpable o inocente respecto de los señalamientos estadounidenses.

Es precisamente en ese escenario donde aparece ahora el pronunciamiento de Derek Maltz.

El exfuncionario de la DEA dirigió su mensaje específicamente a García Harfuch y pidió que México actúe contra Rocha.

Maltz también relacionó su petición con otras operaciones de seguridad realizadas por las autoridades mexicanas y estadounidenses, al solicitar una nueva acción de “detención y remoción” hacia territorio estadounidense.

Hasta el momento, el mensaje de Maltz debe entenderse como una postura personal de un exalto funcionario de la agencia antidrogas estadounidense y no como el anuncio de una nueva actuación judicial.

No obstante, el pronunciamiento aumenta la presión política alrededor del gobernador justo cuando su permanencia al frente de Sinaloa vuelve a quedar en suspenso.

El contexto también está marcado por las investigaciones sobre los acontecimientos ocurridos en Sinaloa desde el 25 de julio de 2024, cuando Ismael “El Mayo” Zambada fue privado de la libertad y posteriormente trasladado a Estados Unidos, mientras Héctor Melesio Cuén Ojeda perdió la vida.

La Fiscalía General de la República mantiene investigaciones relacionadas con aquellos acontecimientos y recientemente fue detenido Fausto Corrales Rodríguez, personaje considerado relevante para reconstruir lo sucedido ese día.

Rocha Moya ha rechazado cualquier participación en esos hechos y ha sostenido que las investigaciones realizadas hasta ahora no han encontrado elementos que acrediten responsabilidad penal de su parte.

La situación, sin embargo, mantiene dos planos diferentes.

En México, la FGR ha señalado que los elementos recibidos no han sido suficientes para proceder penalmente contra el mandatario.

En Estados Unidos, los señalamientos que dieron origen a las solicitudes de detención continúan formando parte de un expediente que ha provocado tensión política y jurídica entre ambos países.

Ahora, la intervención pública de un exdirector interino de la DEA vuelve a colocar el caso en la conversación bilateral.

Por el momento, García Harfuch no ha anunciado públicamente una acción derivada del mensaje de Maltz.

La eventual detención y entrega de cualquier persona requerida por Estados Unidos tendría que realizarse mediante los procedimientos jurídicos correspondientes y no puede producirse únicamente por la petición pública de un exfuncionario.

Rocha Moya, mientras tanto, enfrenta nuevamente un escenario de separación del poder.

Después de permanecer 112 días de licencia, regresar durante unas horas y volver a solicitar su salida, el gobernador sinaloense queda otra vez en el centro de una crisis que combina investigaciones criminales, presiones políticas internas y señalamientos provenientes de Estados Unidos.

El mensaje de Maltz no modifica por sí mismo la situación jurídica del mandatario.

Pero sí agrega una nueva voz, proveniente de quien estuvo al frente de la DEA, a la presión que rodea uno de los casos políticos más delicados de México en los últimos meses.