MOVIMIENTO CIUDADANO ENDURECE POSTURA CONTRA ROCHA MOYA: “NO BASTA UNA LICENCIA, DEBE SER JUZGADO”

Ciudad de México, 22 de agosto de 2026.– La nueva solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya no es suficiente para cerrar la crisis política y de seguridad que atraviesa Sinaloa, sostuvo este sábado el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

El dirigente emecista endureció su postura frente al gobernador sinaloense y planteó que las investigaciones deben continuar hasta esclarecer los acontecimientos que han marcado a la entidad y determinar las eventuales responsabilidades de las autoridades.

“Lo reiteramos: no basta una licencia. México y Sinaloa merecen verdad y justicia”, expresó Máynez mediante sus redes sociales.

El dirigente nacional de MC sostuvo que debe conocerse la verdad sobre los hechos que, desde su perspectiva, generaron una crisis humanitaria en Sinaloa, así como establecer cuál fue el papel desempeñado por las autoridades y si existió algún nivel de complicidad.

Máynez también puso en el centro de su posicionamiento a las personas afectadas por la violencia registrada en el estado.

“Y justicia para las víctimas directas e indirectas. Rocha debe ser juzgado”, señaló.

El pronunciamiento ocurrió horas después de que Rocha Moya informara que presentó ante el Congreso de Sinaloa una nueva solicitud para separarse temporalmente de la gubernatura.

La decisión del mandatario resultó particularmente llamativa porque apenas el viernes había retomado sus funciones después de permanecer 112 días de licencia.

Rocha regresó al Palacio de Gobierno asegurando que lo hacía “con la frente limpia y en alto” y defendiendo su inocencia frente a los señalamientos formulados en su contra desde Estados Unidos.

Su reincorporación provocó una fuerte reacción política.

Un día antes de exigir que Rocha sea juzgado, Máynez había calificado su regreso a la gubernatura como un “día de vergüenza nacional” y consideró que representaba un mensaje de “cinismo e impunidad”.

La controversia escaló también dentro del propio oficialismo.

La presidenta Claudia Sheinbaum, la dirigencia de Morena y diferentes figuras de la Cuarta Transformación marcaron distancia respecto de la decisión de Rocha de reincorporarse al gobierno, al señalar que se trató de una determinación personal.

La presión política terminó creciendo durante las horas posteriores.

Este sábado, Rocha dio marcha atrás.

En un escrito dirigido al Congreso estatal solicitó nuevamente licencia temporal, esta vez con carácter indefinido y por un periodo superior a 30 días.

“Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”, expresó el gobernador al comunicar su decisión.

Es en ese contexto que Movimiento Ciudadano plantea ahora que la separación del cargo no debe significar el cierre de las investigaciones.

La postura de Máynez introduce una distinción importante entre la responsabilidad política y una eventual responsabilidad penal.

Una licencia permite que un funcionario se separe temporalmente de sus responsabilidades públicas, pero no constituye por sí misma una sanción ni determina jurídicamente la responsabilidad de una persona.

Para que Rocha Moya pudiera ser responsabilizado penalmente sería necesario que las autoridades competentes desarrollaran las investigaciones correspondientes, formularan una acusación sustentada en pruebas y que posteriormente un tribunal resolviera el caso.

Hasta ahora, Rocha ha rechazado los señalamientos formulados en su contra y no existe una sentencia que lo declare culpable.

Las acusaciones que detonaron su primera licencia surgieron desde Estados Unidos y están relacionadas con presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado.

Las autoridades mexicanas han señalado previamente que la información proporcionada inicialmente por Estados Unidos no contenía elementos probatorios suficientes para proceder contra el gobernador y solicitaron mayor información.

Esto tampoco equivale a una absolución judicial.

El expediente se desarrolla además en medio de una crisis mucho más amplia en Sinaloa.

La entidad ha enfrentado una prolongada confrontación entre grupos criminales después de los acontecimientos del 25 de julio de 2024, cuando Ismael “El Mayo” Zambada terminó en Estados Unidos después de asegurar que había sido secuestrado en territorio sinaloense.

Ese mismo día murió Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y figura política de la entidad.

La versión inicial sobre su muerte, que señalaba que había sido atacado durante un supuesto intento de robo en una gasolinera, fue posteriormente cuestionada por la Fiscalía General de la República.

Desde entonces, distintas investigaciones han buscado reconstruir lo ocurrido aquel día y determinar la participación de diferentes personas.

La violencia posterior derivada de la confrontación entre facciones criminales ha mantenido a Sinaloa bajo una situación de inseguridad que se convirtió también en un problema político nacional.

Es precisamente sobre ese contexto que Movimiento Ciudadano centra ahora su exigencia.

Máynez plantea que no solamente debe determinarse la situación jurídica individual de Rocha, sino esclarecer el papel que tuvieron las autoridades durante los acontecimientos que desembocaron en la actual crisis sinaloense.

La exigencia de MC coincide además con nuevos pronunciamientos surgidos desde Estados Unidos.

Este sábado, Derek Maltz, exdirector interino de la DEA, pidió públicamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que Rocha Moya sea detenido y llevado ante la justicia estadounidense.

La declaración de Maltz, sin embargo, corresponde a un exfuncionario y no constituye por sí misma una orden judicial ni una instrucción oficial del gobierno de Estados Unidos.

El escenario coloca nuevamente a Rocha en el centro de una presión política que se intensificó en cuestión de horas.

Primero regresó al gobierno después de 112 días.

Después enfrentó cuestionamientos de la oposición y distanciamiento dentro de la propia Cuarta Transformación.

Finalmente volvió a solicitar licencia.

Movimiento Ciudadano considera ahora que esa separación no resuelve el fondo del problema.

Para Máynez, el siguiente paso debe ser esclarecer los hechos, determinar las posibles responsabilidades de las autoridades y garantizar justicia para quienes han resultado afectados por la violencia.

La frase con la que cerró su posicionamiento sintetiza la nueva ofensiva política de MC:

“Rocha debe ser juzgado”.

La exigencia, por ahora, es política.

Determinar si existen elementos para llevar al gobernador ante un tribunal corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales competentes.